Resulta irrisorio, por no emplear otro término, que el Consejo se empeñe en cercenar los derechos de los usuarios y en regular nada menos que los “insultos” en las redes sociales
Ojo con lo que está en juego con el nuevo reglamento de sillas y palcos de la carrera oficial. Lo veníamos advirtiendo y el peor augurio se ha confirmado. Tras la devolución del dinero en la Semana Santa repentinamente suspendida en 2020, el Consejo anunció a puerta cerrada que blindaría la recaudación en años venideros. ¿Cómo? Pues ya tenemos el texto del nuevo reglamento, que tiene pies de barro a poco que se haga un análisis con detenimiento.
Lo más llamativo es que incorpora un régimen sancionador, que en algún aspecto causa una mijita de hilaridad, pues se censuran los “insultos” proferidos en la carrera oficial y…. ¡en las redes sociales! Cáspita, eso no lo ha conseguido ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)con los magistrados: controlar la libertad de expresión más allá del lugar donde se desarrolla la actividad (el juzgado o la carrera oficial, por seguir con el ejemplo). Claro, se es magistrado las 24 horas del día… ¡y también se es abonado la carrera oficial las 24 horas del día de todo el año! ¡La Ley Mordaza ha llegado a San Gregorio como el tapicero a su ciudad! Miren, seamos serios, lo de controlar y castigar los denominados insultos no pasa de ser un soberano ridículo, fácilmente tumbable en cualquier juzgado.
¿Quién y cómo se decide el calificativo de insulto, el grado de gravedad y otros aspectos sustanciales? ¡Mira que se les avisó que no hicieran el ridículo! Pues a la primera han pedido pista… ¡que van los artistas! ¿Y si se trata de una crítica y no de un insulto? Con la piel sensible que tiene algún consejero, la tentación de calificar de insulto cualquier comentario es muy elevada. Otro ejemplo. Si se es abonado de la carrera oficial y se pubica un tuit con críticas fuertes a algún aspecto de una cofradía, ¿es causa de pérdida del derecho de renovación de los abonos?
Creo que cualquiera persona sensata está en contra de los insultos, como también del exceso regulador (controlador). ¿Qué despacho de brillante asesores jurídicos ha asesorado al Consejo? ¿Podemos ver el dictamen o estará sin firmar como en la última ocasión?
Si voy en un autobús de Tussam y critico con dureza algún aspecto del funcionamiento de la empresa municipal de transporte, ¿me quita el teniente Cabrera la posibilidad de viajar en nuestros espléndidos buses urbanos? Es un disparate. El castigo a un insulto, caso de serlo, tendrá que decidirlo un juez, pero nunca privar de entrada del derecho a renovar los abonos de una silla, en definitiva, a usar un servicio. ¡Si hasta a un propietario que no está al día de la cuotas de la comunidad de vecinos no se le puede privar del derecho al uso de la piscina!
Pero no se centren demasiado en el disparate de los insultos, que afecta indudablemente al derecho a la libertad de expresión, sino en el aspecto fundamental que está en juego: la devolución del dinero en caso de suspensión de la Semana Santa. El Consejo, ay pillines, procura dejar claro que la Semana Santa no es un espectáculo. ¡Claro, como cuando pedían las exenciones fiscales!, ¿verdad? Oiga, no podemos quererlo todo. O se es un espectáculo o se trata de desfiles procesionales cuya principal razón de ser es la estación de penitencia. A mi no me lo expliquen, que aquí tenemos claro que la Semana Santa no se sostiene sin el pilar de la fe. Son ustedes, señores del Consejo, los que pegan los bandazos a conveniencia y siempre guiados por la pasta. No le den más vueltas. La carrera oficial supone la explotación de suelo público, donde se presta un servicio a través de una concesión administrativa.
El Ayuntamiento podría prestarlo directamente, pero se acordó desde tiempos de Uruñuela su cesión al Consejo de Cofradías. No se pueden desarrollar prácticas ni promover reglamentos para eludir las obligaciones que de cara al consumidor conlleva la prestación de un servicio, incluso llegando al extremo de exigir el pago sin derecho a devolución aunque no se desarrolle la actividad o el servicio por el que se ha pagado. ¿Una mijita de cara dura, no? En todo caso el abonado podrá no exigir una indemnización por perder el disfrute del servicio, ¿pero de cuándo y cómo no se recupera el dinero o, mejor dicho, se renuncia a esa posibilidad de inicio? Ítem más. El Ayuntamiento debería rechazar de plano este tipo de reglamentos o, cuando menos, no puede jugar un papel pasivo ante lo que se está perpetrando. Pueden estar en juego derechos muy importantes de los consumidores. Aquí hay miles de abonados y muchos millones de euros en juego. Las cofradías jamás han tenido que usar tretas ni maniobras discutibles para conseguir sus objetivos: lograr ingresos económicos para costear la estación de penitencia y llevar a cabo todo el año sus fines asistenciales o de caridad.
Este nuevo reglamento plantea cuestiones que entran en conflicto con la libertad de expresión y con los intereses de los usuarios. No se trata de fomentar el insulto, sino dejar claro que ya hay otros mecanismos que podrán suprimir o no el derecho de renovación de los abonos. El Consejo pretende controlarlo todo y reservarse siempre la recaudación. ¿Inaudito, no? Y ustedes ya saben que la frontera entre la crítica y el insulto es muy fina… Es decir, el Consejo se quiere garantizar un enorme poder que resulta (insistimos) un absoluto disparate.
No olviden. El Consejo no quiso devolver el dinero de la carrera oficial en 2020, cuando sí lo hicieron la empresa que gestiona la plaza de toros o los clubes de fútbol, que también se quedaron sin la opción de celebrar las corridas o de abrir los estadios por poner tan sólo dos ejemplos. Costó que algunos señores entraran en razón, pero se logró que el dinero volviera a las cuentas de los abonados. Y el usuario que quiso, de forma libre y voluntaria, cedió las cantidades a la institución. Den libertad a las personas, no exhiban ni voracidad recaudatoria ni afán por controlar. No se puede ser espectáculo cuando conviene o un mero organizador de la logística de estaciones de penitencia cuando también conviene. Aquí no vale el buenismo, ni poner por delante el nombre o los fines de las hermandades, sino hacer las cosas sencillamente bien en el año 2021. No estamos ya en la Sevilla de los años ochenta. No se escuden en que el dinero va para una buena causa. No se envuelvan en el terciopelo de los estandartes.
El Consejo de Cofradías tardó en modernizar la carrera oficial, pero lo hizo. Se ha dedicado a ello en las dos últimas décadas. Hemos conocido la evolución a mejor de la carrera en diferentes etapas. Primero se prescindió del compadreo de los conocidos como silleros pata negra y se puso orden en la Avenida mediante vallas. Después se hizo el registro informático de los abonados y se levantó la planimetría exacta de las parcelas. Los dos próximos retos son lograr un reglamento que no genere serios problemas en los tribunales, que defienda los intereses de los usuarios y que no cometa disparates como el intentar regular lo publicado en las redes sociales. Y en segundo lugar, reducir el efecto avispero de muchas calles, caso de Sierpes. La institución ha demostrado ser fundamental para la carrera oficial que ha llegado hasta hoy, mucho mejor que la de hace veinticinco años. Pero queda tarea.
Redactor de información periodística y difusión audiovisual especializado en la Semana Santa, las glorias y el patrimonio de las hermandades y cofradías de Andalucía. Con un enfoque riguroso, técnico y cultural, CofradíasTV se dedica a la cobertura informativa de la actualidad cofrade, la investigación histórica, el análisis musical y el seguimiento de los principales acontecimientos litúrgicos y populares de la región, consolidándose como un espacio de referencia y crónica para el mundo de la cultura y la tradición andaluza.
