La Iglesia católica española ha arrancado el nuevo año 2022 con el nombramiento de un nuevo obispo de Solsona y a la espera de ver si pueden salir en abril las procesiones de Semana Santa, que llevan dos años sin celebrarse debido a la pandemia de la Covid-19.

El 2021 fue un año en el que la Iglesia española vio cómo los fieles volvían a los templos y estos recuperaban sus aforos, a pesar de no poder volver a la total normalidad debido a la continuación de la pandemia.

Tampoco pudieron salir a las calles, por segundo año consecutivo, las procesiones de Semana Santa. Si bien, el pasado mes de noviembre, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, se mostró optimista de cara a la posibilidad de celebrarlas este año, a la vista del buen funcionamiento de los traslados de Jesús del Gran Poder en octubre y noviembre. Si bien, estas declaraciones las hizo antes del incremento de la incidencia debido a la llegada de Ómnicron.

En el ámbito político, los obispos españoles tendrán que seguir manteniendo contactos con el Gobierno sobre los temas que les afectan. Si bien, en 2021, los prelados reconocieron que mantenían con el Ejecutivo una relación de «preocupante discrepancia» y «desencuentro» por leyes como la de educación, eutanasia, protección al menor, la reforma del aborto y la ley ‘trans’.

«Respecto al programa legislativo, que termina siendo antropológico, nuestra relación es de preocupante discrepancia», afirmó el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, tras la Asamblea Plenaria de los obispos de abril de 2021.

En relación a la ley de eutanasia, los obispos españoles propusieron un nuevo texto de Declaración de Instrucciones previas y voluntades anticipadas, el denominado «testamento vital», para que los ciudadanos puedan dejar por escrito que no quieren la eutanasia; y pidieron que se respete la objeción de los hospitales y residencias de la Iglesia para ser «zonas libres de eutanasia».

Asimismo, en relación al aborto, se opusieron a la propuesta del Ministerio de Igualdad de crear un registro de objetores al aborto pues consideran que sería «atentar contra la libertad de la persona».

En cuanto a la educación, a comienzos de año, los prelados pidieron al Ministerio de Educación que la LOMLOE ofreciera «el espacio necesario» a la asignatura de Religión y reiteraron su «voluntad de diálogo» a las administraciones educativas.

Sin embargo, en noviembre, tras conocer el decreto de la ordenación y las enseñanzas mínimas para Primaria, que reduce la clase de Religión a una hora semanal, los obispos lamentaron esta reducción y pidieron a las CCAA una «ampliación razonable» del horario de esta asignatura dentro de sus competencias.

LOS CASOS DE ABUSOS

La lucha contra los abusos a menores fue, asimismo, uno de los asuntos que más presente estuvo en 2021, coincidiendo con la aprobación, por parte del Gobierno, de la Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Precisamente, durante el debate de esta ley en el Pleno del Congreso, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, defendió la ley de infancia frente una «Iglesia católica que ha sido cómplice demasiadas veces con la violencia sexual hacia los niños».

No se hizo esperar la respuesta de los obispos españoles quienes tacharon de «gravemente injusta» la acusación de Belarra, quien, a su juicio, pretendía con esas palabras «ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas».

También el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, defendió la lucha de la Iglesia española contra los abusos sexuales a menores e indicó que «nadie puede poner en duda su credibilidad».

Precisamente, en 2021, por primera vez, la CEE presentó datos de denuncias contra sacerdotes por abusos sexuales. En concreto, el secretario general y portavoz de los obispos, Luis Argüello, informó en abril que la Iglesia española había remitido al Vaticano 220 denuncias contra sacerdotes por abusos sexuales en los últimos 20 años.

Además, las oficinas de la Iglesia contra los abusos a menores –creadas para recibir denuncias y atender a las víctimas– se reunieron por primera vez tras un año y medio abiertas para poner en común sus trabajos.

Si bien, desde la ONU, expertos en derechos humanos instaron al Vaticano a tomar todas las medidas necesarias para prevenir el abuso sexual contra los niños en las instituciones católicas y pidieron que «se abstenga de prácticas obstructivas».

Además, poco antes de terminar el 2021, el Vaticano confirmó que había remitido a la Congregación para la Doctrina de la Fe, un informe sobre la situación de los abusos sexuales de la Iglesia en España para que se proceda según la «normativa canónica vigente». Se trata de la investigación que el diario ‘El País’ entregó durante el viaje del Papa a Chipre y Grecia y que recoge 251 casos de abusos en el seno de la Iglesia española, tal y como informó el diario español; unos datos que la Conferencia Episcopal Española ya ha enviado a las diócesis y religiosos, según ha afirmado la propia CEE.

EL OBISPO DE SOLSONA

Por otro lado, el 2021 estuvo marcado para la Iglesia católica española por la renuncia al cargo del ya exobispo de Solsona (Lleida), Xavier Novell, que se ha casado por lo civil con la escritora y psicóloga Sílvia Caballol.

El presidente de la Conferencia Episcopal, tras publicarse la noticia, pidió no convertir el caso de Novell en una «novela morbosa» y «respetar la intimidad de las personas». El pasado lunes 3 de enero, el Papa nombró a Francisco Conesa nuevo obispo de Solsona.

También estuvo muy presente en 2021 el asunto de las inmatriculaciones pues el Gobierno publicó en febrero de 2021 el listado. En concreto, de los datos se desprendía que la Iglesia católica de España inmatriculó «a la luz de la legalidad» un total de 34.961 bienes desde 1998, con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar y hasta 2015.

Los obispos respondieron a estos datos manifestando su agrado por «el reconocimiento» de «que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador».

UNA GUÍA PARA ACOMPAÑAR A MENORES EXTRANJEROS

Por otro lado, uno de los asuntos que también preocupó a la Iglesia española fue el de los menores extranjeros no acompañados. Así, en abril, con motivo de las elecciones a la Comunidad de Madrid, los obispos afearon el cartel de VOX en el que comparaba la pensión de jubilación que recibe una persona mayor con el gasto mensual dedicado a estos menores migrantes, algo que les pareció «doloroso».

Además, tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta en agosto, la Conferencia Episcopal dijo que es «obligación ética y legal» atender a los menores que llegan solos a España y, a mediados de diciembre, el departamento de Migraciones de la CEE presentó una guía para acogerlos y que no se les «criminalice».

REGRESO DE LOS BIENES A BARBASTRO

En el ámbito más cultural, 2021 también fue importante para la Iglesia por el regreso, el pasado 10 de marzo, de los últimos 41 bienes de arte religioso del total de 111 pertenecientes a 43 parroquias aragonesas que estaban en depósito en el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida.

Asimismo, durante el año pasado, los obispos se pronunciaron, entre otros temas, sobre los indultos a los políticos condenados por el ‘procés’ a los que el portavoz de la CEE pidió que «indulten» ellos también «a los catalanes a los que llaman traidores»; la subida de la luz, sobre la que el cardenal Juan José Omella dijo que es «uno de los dolores que tiene la sociedad hoy»; o la erupción del volcán de La Palma, ante la que se mostraron «sobrecogidos» y mostraron todo su apoyo.

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